Esta medida se da en un contexto donde la calidad del servicio es cuestionada por amplios sectores de la ciudadanía. Lejos de mejorar, el sistema de transporte público en San Salvador de Jujuy sigue entre los más deficientes del país. Las denuncias son reiteradas:

• Unidades deterioradas y sin mantenimiento

• Recorridos que no se cumplen con regularidad

• Demoras excesivas

• Malas condiciones laborales para los choferes, que incluso han reclamado públicamente por salarios y condiciones de trabajo

Mientras tanto, el Municipio no da respuestas estructurales ni impulsa controles efectivos, limitándose a comunicar el aumento sin ofrecer alternativas ni justificar el desproporcionado valor del boleto.

Por otro lado, el Concejo Deliberante –que debería representar los intereses ciudadanos– vuelve a quedar en la mira. Con críticas que apuntan a su pasividad y connivencia con el Ejecutivo, muchos sectores denuncian que se limita a funcionar como una escribanía, avalando aumentos sin exigir contrapartidas ni habilitar mecanismos de participación vecinal como audiencias públicas o informes técnicos accesibles.

Desde organizaciones sociales, sindicales y referentes barriales advierten que esta situación se vuelve cada vez más insostenible. “El transporte en Jujuy no es ni accesible ni digno. Hoy viajar en colectivo significa dejar una parte importante del sueldo mensual solo para poder ir a trabajar o estudiar”, señaló un dirigente vecinal.

La ausencia de una oposición firme y el acomodamiento político de los sectores que deberían controlar al poder, dejan a la ciudadanía una vez más desprotegida frente al avance de políticas que benefician a unos pocos empresarios del transporte, mientras la mayoría debe ajustarse a una tarifa que supera incluso el valor de alimentos básicos.

Con este nuevo cuadro tarifario, Jujuy se posiciona entre las provincias con el transporte urbano más caro del país, sin que eso se refleje en una mejora real del servicio. Y lo más preocupante: sin que nadie rinda cuentas por ello.