El diputado provincial del Frente de Izquierda , Gastón Alejandro Rémy , se pronunció en contra del reciente traspaso de acciones de la empresa energética EJESA a manos privadas, calificando la medida como una decisión tomada «de un día para el otro» que afecta directamente al sector trabajador y a los usuarios jujeños. En diálogo con AGENDA MATINAL Rémy subrayó la necesidad de transparencia y responsabilidad por parte del gobierno provincial ante un proceso que, según indicó, condiciona el acceso a un servicio esencial como la energía eléctrica.
«Una decisión así no se da de un día para el otro, y mucho menos cuando impacta directamente en los trabajadores y en la población» , afirmó Rémi. «Aunque las acciones hayan sido transferidas a un sector privado, sigue siendo un servicio público y, por lo tanto, la provincia no puede lavarse las manos. Exigimos explicaciones claras y en tiempo y forma sobre este traspaso» , agregó.
El legislador criticó duramente el papel del organismo de control, que es la Super Intendencia de Servicios Publicos SUSEPU , señalando que históricamente ha actuado más como un ente complaciente con los intereses de EJESA que como un defensor de los derechos de los usuarios. «la SUSEPU siempre controla para lo que quiere el poder político o las empresas, pero nunca para lo que realmente necesita el vecino» , sostuvo.
Rémy también destacó que Jujuy, siendo una provincia productora de energía gracias a proyectos como el de la Planta de Cauchari , debería garantizar tarifas accesibles para sus habitantes, algo que demostró lejos de la realidad actual. «Tenemos una provincia rica en recursos energéticos, pero con tarifas inaccesibles para gran parte de los jujeños. La semana pasada, apenas se anunció el traspaso, ya apareció un nuevo cuadro tarifario con aumentos exorbitantes. Esto no puede seguir así» , enfatizó.
Un llamado a la participación ciudadana
Para el diputado, el negocio de la energía debería estar bajo control de los trabajadores y la comunidad, asegurando que los beneficios reviertan en mejorar la calidad del servicio y reducir las tarifas. «No debería seguir funcionando como un negocio privado. Este patrimonio debe ser público, gestionado por quienes realmente lo necesitan: los trabajadores y el pueblo» , afirmó.
Además, Rémy expresó preocupación por la falta de información sobre el destino final del patrimonio de las acciones transferidas. «No sabemos quién tiene qué, ni cómo se tomaron estas decisiones. Eso debe hacerse público, porque estamos hablando de un recurso estratégico que afecta el día a día de todos los jujeños» , concluyó.
