El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, el martes 6 de mayo cumplió con el primero de los 10 días arresto, luego de que en un juzgado de la República determinaran que desacató una tutela con la que tenía que desalojar un predio que se señala que fue invadido hace 6 años.

La jueza Nohemí del Rosario Lozano Barrera emitió la orden de arresto 001 de 2025 el pasado 30 de abril, declarando al mandatario responsable de desacato por no ejecutar la evacuación de un lote de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado a 5 kilómetros del centro de la capital de La Guajira, informó la revista Semana.

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Agregaron que el fallo judicial, compuesto por seis puntos, señala que el desacato está vinculado a una tutela de segunda instancia emitida el 6 de mayo de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Riohacha.

Además de la orden de arresto, el alcalde deberá pagar una multa equivalente a cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y retirarse temporalmente de su cargo, conforme a las directrices establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, explicaron en el periódico regional El Heraldo.

El conflicto legal se remonta al año 2018, cuando Idania Manuela Rodríguez Mindiola, quien figura como propietaria del terreno en disputa, interpuso una acción de tutela para recuperar su propiedad.

Desde entonces, el caso ha evolucionado hasta derivar en la actual medida correctiva contra el alcalde, detallaron en la emisora Caracol Radio.

El predio en cuestión ha sido ocupado durante ese tiempo por unas 450 familias, entre las que se encuentran menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y miembros de la comunidad indígena wayuu.

En respuesta a la decisión judicial, la Alcaldía Distrital de Riohacha emitió un comunicado oficial en el que defendió las acciones del alcalde Redondo Choles. Según el documento, el mandatario ha trabajado en la búsqueda de una solución humanitaria al problema, articulando esfuerzos con entidades nacionales e internacionales para garantizar los derechos fundamentales de las familias que habitan el terreno, indicaron en el medio radial.

El Juzgado Tercero Penal Municipal, con funciones de control de garantías, fue el encargado de emitir la orden de arresto, argumentando que el alcalde no cumplió con la orden judicial previa de desalojar el terreno, consignaron en El Heraldo. La medida también establece que el mandatario deberá cesar sus funciones mientras se cumple la sanción.

El mandatario se entregó a las autoridades a las 2 de la tarde del martes y quedó detenido en la estación de policía departamental ubicada en la calle 15 de la ciudad, informaron en Semana.

La orden de arresto se deriva de un litigio que, según el personero municipal, Yesid David de Luque Guerra, constituye un verdadero “lío de tierras”.

De acuerdo con el personero, la situación comenzó cuando un juez ordenó la restitución de un lote a su propietario legítimo, fallo que, al parecer, no fue acatado por el alcalde. “Es una tutela que no quiso cumplir”, aseguró de Luque, quien insistió en que, pese a lo complejo de estos casos, “los fallos judiciales hay que cumplirlos”.

La juez que emitió la orden de detención no solo buscó garantizar el cumplimiento de la resolución, sino también abrió la puerta a nuevas investigaciones. Según lo establecido, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para explorar posibles delitos relacionados con el incumplimiento del fallo de tutela dictado el 6 de mayo de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Riohacha. Este movimiento revela la profundidad del conflicto y su repercusión en las instituciones jurídicas locales.