Han pasado dos años desde aquel 17 de junio de 2023, cuando la comunidad de Purmamarca —en defensa de los territorios y derechos de los pueblos originarios— mantenía un corte pacífico que fue violentamente reprimido por la Policía de la Provincia de Jujuy. Aquella jornada marcó un antes y un después: detenciones arbitrarias, múltiples heridos y un joven que perdió un ojo por disparos de las fuerzas de seguridad.

Ahora, la causa judicial empieza tímidamente a moverse. La abogada representante de los damnificados confirmó que entre hoy y mañana fueron citados un número indeterminado de efectivos policiales para notificarse de las imputaciones. Sin embargo, las figuras penales aplicadas —lesiones leves, según el artículo 89 del Código Penal— no reflejan la gravedad real de lo ocurrido.

“Hay jóvenes con secuelas gravísimas, impactos de bala en todo el cuerpo, y casos que encuadran como tentativa de homicidio”, sostuvo la letrada, quien adelantó que se impugnarán las imputaciones actuales por ser “livianas y funcionales al encubrimiento político”.

Desde la querella aseguran que los altos mandos no fueron imputados: “Los policías actuaron bajo órdenes directas del poder político. Está en el expediente que el día anterior, el 16 de junio, fueron citados a la Central de Policía donde recibieron instrucciones del ministro Corro. Y si estaba Corro, es porque respondía a Gerardo Morales. ¿Por qué no están ellos imputados?”, cuestionó la abogada.

Durante esos días de junio de 2023, la represión no se limitó a un solo lugar: se desplegó en La Quiaca, Abrapampa, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Humahuaca, evidenciando un accionar sistemático de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

“Estamos acostumbrados a la violencia institucional en Jujuy, pero eso no lo hace menos grave. No podemos permitir que se tape todo esto y se lo reduzca a ‘lesiones leves’”, alertó la representante legal, quien también informó que Amnistía Internacional sigue de cerca el desarrollo de la causa.

El fiscal a cargo, Diego Funes, realizó este año una inspección ocular del lugar de los hechos y avanzó con algunas imputaciones, aunque la querella insiste en que la justicia debe ser completa e imparcial, y llegar hasta las máximas autoridades responsables del operativo.

La causa sigue abierta. La memoria también. Desde Jujuy, aún se exige verdad, justicia y reparación. Porque lo que pasó no fue un hecho aislado, fue un mensaje de disciplinamiento social que no puede quedar impune.